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Declaró Cristina Fernández de Kirchner por la causa de corrupción en la obra pública

Este lunes terminó la  primera la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la provincia de Buenos Aires en el juicio oral por la causa “Vialidad”.

Durante casi 4 horas, Fernández de Kirchner declaró y apuntó contra la Justicia: “Estamos asistiendo a una clase magistral de ‘Lawfare’ –guerra jurídica-“.

El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del poder judicial para perseguir a dirigentes y líderes políticos de los gobiernos, explicó la vice presidenta electa.

Asimismo cuestionó al Juez Federal Claudio Bonadio, uno de los magistrados que impulsó la mayor cantidad de causas que la involucran. 

Solo tengo una tarjeta de débito, ya que Bonadio impidió que tenga una de crédito. Hasta eso nos sacó. Es inédito, mis hijos y yo solo podemos tener una tarjeta de débito. Esto sucede en la Argentina” enfatizó.

Cristina Kirchner, que llegó a los tribunales de Comodoro Py minutos antes de las 10 de la mañana, expuso como acusada de liderar una asociación ilícita para beneficiar al exdueño de Austral Construcciones a partir del direccionamiento de contratos de obras al empresario en Santa Cruz.

“Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me las pasaba armando asociaciones ilícitas. Ya no soy la jefa de una banda de un empresario de la construcción. Ahora soy jefa de la banda de todos los empresarios de la construcción” cuestión Fernández de Kirchner

La declaración fue ante jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. La ex mandataria se retiró pasadas las 13.30 horas.

El origen de la causa

La causa se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel por irregularidades en contratos de obra pública en la provincia patagónica, como fuertes sobreprecios.

Entre las incongruencias que se determinaron en la investigación el juez federal Julián Ercolini, al elevar la causa a juicio oral, advirtió que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas de Báez, por un monto de $46 mil millones.

Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques hubo una “maniobra de corrupción” organizada entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales vinculados a la obra pública con los que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.

Fuente: Noticias argentinas

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