En la Cámara de Acusación del Palacio de Tribunales II, el entonces ministro de Gobierno de la provincia, Oscar González declaró su versión de los hechos ocurridos en diciembre de 2013.
Afirmó que la noche del 2 de diciembre del 2013 recibió una llamada telefónica de César Almada -Ex Jefe de la Policía-, informando de un conflicto con el Cuerpo de Acción Preventiva (CAP) de la Policía, y que los oficiales no respondían a la autoridad. El funcionario dijo que intentó comunicarse con el entonces Gobernador De la Sota -quien se encontraba en el aeropuerto de Panamá-, pero no obtuvo resultados. Por ello González sostuvo que encabezó las negociaciones durante todo el tiempo que duró el acuartelamiento.
En sus dichos, recalca reiteradas veces la inacción del Gobierno Nacional cuando sucedieron los saqueos: “Me di cuenta que Córdoba iba a pasar horas muy amargas; y por lo tanto, y por la percepción clara de que la conducción de la policía era totalmente incapaz de resolver este tema intenté comunicarme con las autoridades nacionales. Pensando que la intervención de alguna fuerza de seguridad interna como Gendarmería podía ayudar; porque ya había empezado a haber situaciones de inseguridad. Yo intenté comunicarme con los funcionarios nacionales. Quiero decirle señor presidente que sólo logré hablar con secretarios. Imposible intercambiar unas palabras con Capitanich”, afirmó el actual legislador provincial por Unión por Córdoba.
Ante las preguntas del fiscal, González manifestó que los hechos podrían haber sido gestados en Córdoba y luego aprovechados por la Nación; ya que estaban en un momento de desencuentro político. También sostuvo que a su criterio, hubo un intento de intervención federal por parte del Gobierno Nacional; con la excusa de la imposibilidad de resolver el conflicto; cuestión que no se concretó finalmente.
La causa se detiene hoy durante un mes, hasta la semana del once de mayo, en la que se espera que se llegue a una sentencia de parte del Jurado Popular.
Por Felipe Aliaga y Clara Ferrer
