El proyecto surgió de la Unión Cívica Radical con el fin de lograr que jueces, legisladores y funcionarios electos paguen el Impuesto a las Ganancias desde el próximo año.
El pedido se presentó en el marco del debate por el Presupuesto 2019 en el que se va a implementar una reducción de gastos en todos los ámbitos para llegar al equilibrio fiscal, una de las condiciones que impuso el Fondo Monetario Internacional para conceder al país el crédito de 50 mil millones de dólares. El radicalismo quiere incorporar esta modificación a la «ley de leyes» pero hay reticencias desde algunos sectores del oficialismo.
La iniciativa impulsa modificar el artículo 79 de la Ley 20.628 para aumentar la recaudación. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, si estuviera en vigencia este tributo en la actualidad se hubieran recaudado 7.400 millones a valores de 2018.
Por el momento, solo los funcionarios que fueron designados desde 1 de enero desde 2017 y que vienen desde fuera del Poder Judicial o al Ministerio Público Federal o Provincial son alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
